Espermatozoides humano

el óvulo rodeado por espermatozoiodes

Reciclado de residuos sólidos urbanos

Instalación de una planta para transformar residuos
sólidos urbanos saldría 600 millones de dólares

Mientras el Congreso Nacional de Intendentes y el Poder Ejecutivo analizan diversas alternativas para poner en práctica un proyecto de transformación de residuos sólidos urbanos no reciclables en energía a través de una planta de incineración, recicladores y grupos ambientalistas cuestionan fuertemente esta iniciativa.
La construcción de una planta de estas características supone al menos dos años y una inversión cercana a los 600 millones de dólares. Parte de la financiación del emprendimiento se obtendría a partir de la venta de la energía generada. Las autoridades sostienen que es una modalidad que funciona con éxito en varias partes del mundo y evalúan varios aspectos para su instrumentación en el país por tratarse de una opción que respeta las exigencias de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
El presidente José Mujica definió este primer semestre del año como prioritario para trabajar en el tema de la deposición final de residuos sólidos urbanos. Luego, el Congreso de Intendentes, Poder Ejecutivo (Prosecretaría de Presidencia, OPP y MEF) y UTE crearon una comisión que busca delinear un plan de trabajo.
Una delegación uruguaya integrada por representantes de estos organismos viajó a Italia, para conocer una experiencia puntual en la ciudad de Brescia. Visitaron una planta “termovalorizadora”, es decir generadora de energía a partir de basura. “Una parte de los residuos se recicla, pero la que no es reciclable se incinera y produce energía. Por ello el concepto de termovalorización”, explicaron.
De acuerdo a lo informado desde el Congreso de Intendentes, una vez definido un plan de trabajo, se iniciarán todos los procesos licitatorios correspondientes.
El presidente del Congreso de Intendentes, Marcos Carámbula, explicó que la comisión del Congreso que trabaja en el tema resolvió contratar un equipo de asesores que elabore un primer informe sobre la modalidad que, según indicó, respeta las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El jerarca recordó que también se ha solicitado información sobre residuos sólidos urbanos a todas las intendencias y dijo que si bien el grupo de trabajo es receptivo a distintas propuestas, el tema debe analizarse con celeridad dado que el sitio final “es un problema actual y real para todas las comunas”. “La idea es transformar un problema en una oportunidad, generar energía”, sostuvo. Marcos Carámbula aclaró que si bien es una solución nacional, no quiere decir que haya una sola planta o un solo método nacional. El Área Metropolitana (Montevideo, Canelones, San José y el sur del país) es la que genera el mayor volumen de residuos y en ella se piensa cuando se habla de una planta transformadora o termovalorizadora.
Al mismo tiempo se trabaja con todas las intendencias en procura de soluciones logísticas temporarias en cada uno de los departamentos acorde con un sistema de transporte apropiado como para contemplar a todo el país. Los volúmenes de basura que se generan, cómo se transportan, a qué sitios regionales, cuáles son los métodos, dónde reciben la basura con un criterio de regionalización y cómo se transforman, son temas actualmente en análisis.
RECHAZO A PROYECTOS
DE INCINERACIóN
A todo esto, redes de recicladores y ambientalistas rechazan este tipo de proyecto y sostienen que ningún plan de manejo de residuos será posible si las autoridades siguen insistiendo en la idea de instalar incineradores de residuos para la generación de energía en nuestro país. En este sentido realizaron un llamado de atención a las autoridades uruguayas sobre “los perjuicios asociados a la implementación y priorización de proyectos de incineración y de rellenos sanitarios, y llaman a trabajar unidos, gobierno y comunidad, en la búsqueda de las mejores soluciones para todos”.
Clasificadores de residuos, organizaciones y alianzas internacionales manifestaron su preocupación por “las serias incoherencias observadas en el gobierno de Uruguay en lo que a gestión de residuos se refiere”, y recomiendan con fuerza la revisión de los pasos dados por las autoridades en este sentido.
“La presentación de la Intendencia de Montevideo del Plan Director de Limpieza para toda la ciudad, en noviembre de 2010, pudo haber sido una excelente noticia”.
“A través de él se pretende la mejora de la gestión operativa y de fiscalización de la Intendencia y los municipios; el ordenamiento de las actividades vinculadas a la gestión de residuos por parte de particulares: clasificación, transporte y disposición y el fortalecimiento de la comunicación, la educación y la participación ciudadana. Asimismo, según el documento, se instalarán, campañas de separación en origen, recolección selectiva y plantas de clasificación manual y semiautomática que brindarán mejores condiciones de trabajo y oportunidades a clasificadores para el tratamiento de residuos secos y húmedos”, dicen.
Sin embargo, Eduardo Pérez, dirigente clasificador uruguayo y miembro de la Red Latinoamericana de Recicladores, manifestó que “nada de esto será posible si las autoridades siguen insistiendo en la idea de instalar incineradores de residuos para la generación de energía en nuestro país”, inquietud surgida “luego del gran despliegue mediático que tuvo la gira tecnológica realizada por autoridades municipales a Brescia, Italia, donde conocieron un sistema de manejo que combinaría reciclaje y quema de los residuos”.
“Si hablamos de desarrollo sostenible y de erradicación de la pobreza en el ámbito de la gestión de los residuos, entonces el discurso se debe centrar en la búsqueda de soluciones sostenibles, limpias y promotoras de una reducción del consumo exacerbado, con inclusión de los principales actores del reciclaje en nuestra región: los clasificadores-recicladores de base”, concluyó Pérez.
“EFECTOS SECUNDARIOS”
Representantes en América Latina de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), que se encuentra apoyando a las organizaciones y clasificadores nacionales en sus demandas, explican que la valorización energética de los residuos es objeto de cuestionamientos en el mundo entero.
Sostienen que en lo ambiental, emiten más dióxido de carbono por unidad de electricidad generada que las centrales eléctricas de carbón; en lo social, generan menos puestos de trabajo y son dañinos para la salud; y en lo económico, demandan inversiones millonarias con altísimos costos de manuntención.
Carlos Surroca, de la organización uruguaya Redes-Amigos de la Tierra, señaló que “lo que las autoridades olvidaron mencionar sobre su paso por Italia es que la colosal inversión en Brescia ha conseguido construir una carísima planta de destrucción de recursos con importantes efectos secundarios: la experiencia en Europa demuestra que el sistema de recogida selectiva aplicado en Brescia --sistema de contenedores-- no consigue ir más allá de un 40 - 45% mientras que sistemas de recogida selectiva puerta a puerta permiten llegar a un 80% haciendo innecesaria la construcción de costosas plantas incineradoras”.
Explicó que, mientras la media de generación de residuos por persona/año en 2008 en la Lombardía se situó en 515 kilos, en Brescia asciende hasta 717 kilos por persona/año (en 1999 generaba 650 kilos). “Brescia tiene el récord nacional italiano de generación de residuos per cápita que se sitúa casi en 2 kilos por persona / día”, dijo.
Los coordinadores de GAIA en América Latina explican que “estos datos no son fruto de la casualidad”.
“Está comprobado que allí donde se construyen incineradoras se crean dinámicas perversas que incentivan la generación de residuos y no la reducción. Por motivos técnicos es tremendamente ineficiente y costoso que las plantas incineradoras no trabajen a plena capacidad, por consiguiente hay un interés en mantener constante o creciente el flujo de residuos y no aumentar los porcentajes de reciclaje o compostaje”.
Finalmente, afirmaron que la construcción de una incineradora significa comprometer de 20 a 30 años de desarrollo en políticas de reciclaje y recuperación con todo el potencial perdido en la creación de empleo sostenible asociada a la recuperación de materiales

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